Horas antes de que habilitara sin más el paso de Bolsonaro bajo el argumento de que no tenía “impedimento legal”, el Gobierno se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para refutar los cuestionamientos que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), la Red Nacional de Migrantes y Refugiados y la UTEP hicieron a su política migratoria. Allí, los emisarios de Milei insistieron en la importancia de la seguridad en las fronteras.
El Gobierno argentino estuvo representado por el subsecretario de Derechos Humanos, Leonardo Szuchet, y el número dos de la DNM, Javier Rea. Los funcionarios no reiteraron la operación de Javier Milei de equiparar a las personas migrantes con terroristas, pese a que las organizaciones le recordaron que el Presidente se había jactado de haber expulsado a 30.000 terroristas que venían a dinamitar el modelo argentino.
Ante la CIDH, las asociaciones denunciaron que La Libertad Avanza (LLA) implementó una política migratoria desigual. Por un lado, impide que obtengan la residencia quienes hace años viven en el país pero atraviesan dificultades económicas y, por otro lado, promueve la adquisición de la ciudadanía de quienes la compren por 350.000 dólares, tal como anunció el ministro Luis “Toto” Caputo durante la gira por Francia, mientras se discutía si la Corte Suprema reponía la Ley de Tierras que impide la compra indiscriminada de terrenos por parte de extranjeros.