Entre los reclamos también incluyó la actualización de las becas Progresar, que —según se denunció— permanecen en $35.000 desde 2024, además de la reactivación de obras de infraestructura universitaria paralizadas.
Las cifras formaron parte del documento leído al cierre de la movilización, que cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Según el texto, al momento de la marcha habían transcurrido 378 días sin que se cumpliera la norma, pese a su aprobación legislativa y a las resoluciones judiciales mencionadas por los convocantes.
Además del financiamiento universitario y los salarios, durante la jornada se expresaron demandas vinculadas con las becas estudiantiles, la soberanía territorial, el acceso al agua y los derechos de los jubilados.