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NACIONALES El Congreso entra en una semana clave y el Gobierno apura sus proyectos prioritarios
28/10/2026
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La Casa Rosada pone como prioridades del último tramo del año parlamentario el Presupuesto 2027 y la Reforma Política. Las elecciones estadounidenses y la visita de León XIV se meten en la agenda de la actividad legislativa. Mientras Patricia Bullrich busca reactivar el Senado, Diputados prepara una semana cargada de debates.
El Gobierno tiene una ventana cada vez más estrecha para avanzar con sus principales proyectos legislativos antes de fin de año. Con noviembre marcado por compromisos que reducirán la presencia de legisladores en el Congreso, La Libertad Avanza intenta asegurar dictámenes durante esta semana y dejar encaminadas las iniciativas que considera prioritarias.
El problema no pasa solamente por reunir los apoyos necesarios. La semana próxima, diputados y senadores viajarán a Estados Unidos para seguir el escrutinio de las elecciones de medio término, una situación que podría restar participantes a las negociaciones. Por ahora, no está confirmado que también se trasladen integrantes del Poder Ejecutivo, mientras que en Diputados descartan que las ausencias vayan a frenar todos los proyectos que el oficialismo pretende discutir.
A ese escenario se sumará la visita de León XIV, que estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. En distintos sectores del Congreso anticipan que durante esos días la actividad política quedará prácticamente paralizada y que buena parte de las discusiones pendientes pasará a mediados o fines de mes.
El cronograma del Pontífice comenzará el domingo 8, cuando llegue al país y rinda homenaje a San Martín en Plaza San Martín. En Buenos Aires también se reunirá con Javier Milei, celebrará una misa en Palermo y visitará el Cottolengo de Claypole. El lunes 9 será feriado nacional; el martes 10 encabezará una misa en Córdoba y el miércoles 11 concluirá su visita en Luján, antes de partir rumbo a Perú. Durante ese período no se prevén actividades en ninguna de las dos cámaras.
Con ese calendario por delante, la Casa Rosada concentra sus esfuerzos en dos expedientes: el Presupuesto 2027 y la Reforma Política, que podría incluir la suspensión de las PASO. Para el primero, el oficialismo pretende completar esta semana las exposiciones pendientes, conseguir dictamen el miércoles y llevarlo al recinto el 18 de noviembre. Sin embargo, algunas versiones periodísticas señalan que la firma podría demorarse hasta mediados del mes próximo.
Este martes expusieron Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado. Con sus presentaciones terminará la ronda de consultas prevista para el debate presupuestario.
En paralelo, el Senado sigue siendo una preocupación para Patricia Bullrich, que intenta poner nuevamente en marcha una Cámara que lleva un mes sin sesionar. La exministra apuesta a convocar a los senadores este jueves, con un temario que incluye el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo, y la regulación del mercado de carbono.
Este último proyecto obtuvo dictamen el 2 de septiembre a partir de iniciativas presentadas por Flavia Royón, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce. La agenda definitiva se resolverá el miércoles a las 14, durante la reunión de Labor Parlamentaria.
También está previsto que ese día avance en comisiones la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada. El Senado la había aprobado por 37 votos contra 33, pero Diputados restituyó la Ley de Tierras al texto. Ahora se espera que la Cámara alta acepte esa modificación y cierre el trámite legislativo.
La posibilidad de reactivar el Senado convive con las dificultades para reunir mayorías estables. La semana pasada, el oficialismo consiguió dictamen para reformar la Ley de Salud Mental gracias al despacho de minoría de Convicción Federal.
El texto reunió adhesiones del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y Carlos Espínola, aunque el acompañamiento todavía no está asegurado. Los aliados reclaman que se detalle cómo se financiarán los cambios propuestos.
Entre las modificaciones centrales, las internaciones deberán comunicarse a la Justicia, en lugar de necesitar una autorización judicial previa. Además, la ludopatía quedará reconocida como una adicción.
Mientras el Senado intenta recuperar ritmo, las comisiones de Diputados tienen varios expedientes por delante. Entre ellos figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, que volverá a reunirse en un plenario de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores. Las presiones de Estados Unidos por el posible impacto de la iniciativa sobre sus empresas complicaron las conversaciones y, aunque el oficialismo confía en sumar apoyos, las firmas para el dictamen siguen sin estar aseguradas. La reunión será informativa.
El vocero Adrián Ravier había señalado el sábado que el Gobierno recibió aportes del PRO, el MID e incluso del PJ. Desde la Casa Rosada, una fuente involucrada en las negociaciones considera que hay posibilidades de conseguir las firmas con las modificaciones incorporadas al proyecto.
Entre los cambios, el oficialismo limitó las sanciones para proveedores y accionistas de empresas que operan en las islas y redujo de cinco a dos años la pena mínima para proveedores. También modificó el artículo 111, que contemplaba penas de entre cinco y doce años para las denominadas campañas coordinadas de desinformación. La nueva redacción incorpora el concepto de injerencia extranjera y excluye expresamente al periodismo.
El MID mantiene otro reclamo: que las acciones militares requieran autorización del Congreso. La iniciativa propone crear una bicameral con cuatro diputados y cuatro senadores para controlar al Consejo de Seguridad. Como esa fórmula no termina de convencer, se prevé aclarar que, si existe riesgo de guerra, se aplicará la cláusula constitucional que reserva esa potestad al Poder Legislativo.
A su vez, Unión por la Patria y Provincias Unidas piden separar el proyecto en dos partes para que la cuestión de Malvinas no quede integrada a los cambios en materia de inteligencia y seguridad.
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también volverá a Diputados, aunque el oficialismo enfrenta un escenario complejo. La Cámara baja había aprobado su versión el 26 de agosto, pero el Senado introdujo modificaciones y las respaldó por 46 votos contra 22, con una mayoría superior a los dos tercios.
La nueva redacción establece que la designación y remoción de los directores del organismo requiera mayoría absoluta y sea una atribución exclusiva del Senado. Por eso, insistir con el texto original aparece como una opción difícil.
Ante esa situación, el oficialismo estudia una alternativa intermedia: aceptar el requisito de mayoría absoluta, pero incorporar a Diputados en el procedimiento de designación y remoción. Esa posibilidad, de todos modos, difícilmente supere el filtro constitucional.
Con las elecciones estadounidenses, la visita papal y varias negociaciones todavía abiertas, el Gobierno busca aprovechar los días disponibles para dejar encaminados sus proyectos. El objetivo es llegar a la segunda mitad de noviembre con dictámenes y acuerdos suficientes para sostener el tratamiento de sus principales reformas.
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