El expediente administrativo se inició en diciembre de 2025, inmediatamente después de concretados los hechos en diciembre del año pasado. Como primera medida cautelar, el OCI dispuso la suspensión preventiva de funciones para los primeros siete agentes investigados: Alegre, Ramírez, Quizama, Almirón Núñez, Urne Canteros, Villalba y Martínez.
Al vencer los plazos máximos de esa medida temporal y al ratificarse la prisión preventiva dictada en el fuero penal federal, la situación administrativa evolucionó hacia la "situación de pasiva por delito". A lo largo del proceso se sumaron otros dos efectivos, García y Acosta, pertenecientes a las divisiones de Investigaciones y Logística, quienes atravesaron idéntico recorrido interno de suspensión y posterior pase a pasiva.
La única excepción inicial la constituyó el oficial principal Martínez, quien recuperó la libertad tras ser sobreseído en la instancia penal. Si bien administrativamente sigue figurando como policía, su destino actual transcurre fuera del ámbito sumarial del OCI.
LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA FIRMA FINAL DEL GOBERNADOR
Aunque el dictamen sumarial redactado por el OCI ya solicita la cesantía de todos ellos, el trámite debe cumplir los pasos formales para su efectivización. La resolución final está en manos de las autoridades gubernamentales y cobrará vigencia una vez dictado el decreto del gobernador y publicado en el Boletín Oficial.
Sin embargo, en la práctica ninguno de los implicados continúa prestando servicios. La ley de personal policial establece la pérdida automática de la estabilidad laboral ante una pena privativa de libertad, un principio que rige incluso si la condena impuesta es de ejecución en suspenso. De este modo, sea por la vía del sumario administrativo o por el efecto accesorio del fallo judicial, el destino final de los imputados es la exoneración.
LA SITUACIÓN PENAL A UN AÑO DEL HECHO: CONDENAS Y TRÁMITE A JUICIO
Mientras el sumario administrativo espera por el decreto formal de expulsión, el expediente penal federal avanzó mediante acuerdos de juicio abreviado y la consecuente separación de pretensiones procesales para los involucrados:
Condenados mediante juicio abreviado:
Néstor Urne Canteros: condenado a 6 años y 6 meses de prisión efectiva. Continuará privado de su libertad tras admitir su participación en los hechos.
Juan Nicolás Almirón Núñez: condenado a 6 años y 6 meses de prisión efectiva.
Gustavo Quizama: acordó mediante juicio abreviado una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado.
Gastón Ezequiel Villalba: condenado a 3 años de prisión en suspenso. Tras la firma del acuerdo recuperó la libertad, quedando sujeto a reglas de conducta.
Gustavo Jesús Acosta: condenado a 3 años de prisión en suspenso. Tras la firma del acuerdo recuperó la libertad, quedando sujeto a reglas de conducta.
Lucas Leonel García: condenado a 3 años de prisión en suspenso y puesto en libertad condicional.
Imputados que continúan rumbo al juicio oral:
César Alegre: apuntado en la acusación como el presunto organizador de la maniobra de sustracción de la droga. Continúa procesado por sustracción de estupefacientes en custodia, peculado y tenencia con fines de comercialización agravada por su condición de funcionario policial.
Franco Ramírez: es acusado de coautor al conducir el patrullero donde hallaron la droga.
Sobreseído:
Lucas Exequiel Martínez: fue sobreseído por pedido de la Fiscalía tras acreditar que tuvo participación en los hechos.