El gobierno liberal boliviano de Rodrigo Paz concretó un verdadero golpe institucional. En la noche del miércoles, policías encapuchados detuvieron al fiscal general Roger Mariaca, a otros cuatro fiscales, policías y busca para apresar a un exministro, todo en base a supuestas acusaciones formuladas por la DEA norteamericana. Las aprehensiones (el término técnico que se usa en Bolivia) fueron hechas sin orden judicial alguna y el gobierno dice que designará otro fiscal general, algo inconstitucional, ya que esa tarea le corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso de Bolivia. “Los hechos ratifican que en nuestro país gobierna Estados Unidos. Está claro que buscan salvar al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, y también al presidente Paz y su familia”, denunció Evo Morales. Es que Mariaca fue clave a la hora de impulsar el encarcelamiento de Cerimedo por tentativa de femicidio, pero también por los casos de corrupción con combustibles, oro y drogas, en los que igualmente aparecen vínculos con la familia del mandatario boliviano. Para que no quedaran dudas, desde Washington, el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, salió a respaldar las decisiones de Rodrigo Paz y este mismo jueves le quitó la visa a otros 20 funcionarios bolivianos. En Washington afirman que son acciones del Escudo de las Américas, la alianza de Trump con los gobiernos de derecha del continente. Entre ellos, por supuesto, el de Javier Milei.