Dada la trascendencia diplomática y la presencia de personal de seguridad de la Santa Sede, las normativas ministeriales regulan la intervención de agentes extranjeros, como la Guardia Suiza Pontificia.
Al respecto, el Gobierno aclaró que se establecerá un canal permanente de enlace e intercambio de información para coordinar la protección inmediata del Sumo Pontífice, pero especificó que la participación de la seguridad del Vaticano no implicará de ninguna manera su incorporación orgánica a las fuerzas federales argentinas ni alterará sus cadenas de mando.
Adicionalmente, con el objetivo de garantizar una articulación fluida en materia de protocolo y seguridad, las resoluciones convocan a representantes de enlace de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Casa Militar y la Nunciatura Apostólica en la República Argentina.