Esto ocurre a pesar de que el Gobierno incrementó sistemáticamente el impuesto fijo sobre los combustibles por encima de la inflación, pasando de representar el 8,9% (noviembre de 2023) al 20,1% (agosto de 2026) del precio final pagado por el usuario en la gasolinera. Sin embargo, a pesar de ser el impuesto cuya recaudación creció más desde el cambio de administración (+91,2 %), el Gobierno destinó menos de la mitad de lo recaudado por el impuesto sobre los combustibles a su propósito específico: la inversión en rutas nacionales.
Específicamente, parte de los ingresos (28,5%) debe ir por ley al mantenimiento de la infraestructura nacional de transporte. En particular, el 14,25% debe dedicarse al mantenimiento del sistema nacional de carreteras, pero esto no sucedió ya que "desde el cambio de administración, DNV debería haber recibido $2.3 mil millones a precios de agosto de 2026, después del cambio de administración, según IAG, de IAG.
Además, la falta de mantenimiento regular acelera el deterioro de las carreteras, lo que incrementa la necesidad de futuras inversiones en reparaciones de emergencia y, en casos extremos, en la reconstrucción o recuperación total de las vías, y todo esto tiene consecuencias a nivel federal. "El costo anual de mantenimiento del sistema vial argentino (solo la red nacional) se estima en 1.600 millones de dólares y el costo de recuperación de la infraestructura actual (si no se realiza mantenimiento) en 61.000 millones de dólares", indicó el centro de estudios con base en datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). El costo de recuperación específicamente para las carreteras nacionales alcanza los 23.000 millones de dólares.
Finalmente, el empeoramiento tiene un precio aún mayor: el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico alcanzó las 4.369 el año pasado, un 14% más que el año anterior. El ajuste libertario tiene costes económicos y humanos.