La noticia que enfureció a Luis Caputo habla de una maniobra empresarial que le permitió al Grupo Lenor hacerse de las tareas de control de los surtidores de combustible, luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le sacara esa órbita al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La publicación sostuvo que el titular de ese grupo empresarial, Julio Made, tenía alguna relación con el ministro de Economía, razón por la cual este salió a cruzar la versión, incluyendo una propuesta de nueva normativa contra los periodistas. Caputo habló de castigos para los comunicadores que publiquen información inexacta, y así, demostró desconocer toda la ley vigente. “No solo ignora la Constitución, sino también toda la jurisprudencia vigente en Argentina. Si el Gobierno tiene pruebas de que hay información falsa, tiene todo el derecho de ir a la Justicia y presentar las pruebas. Pero acá se advierte una conducta hacia los periodistas y medios en general que es sostenida, cotidiana, desde el comienzo de este Gobierno”, apuntó el especialista en comunicación, Martín Becerra. “Lo que esos funcionarios no terminan de entender, o pareciera incomodarles, es que sus acciones están sometidas al escrutinio público y en ese sentido manifestaciones de tal tenor, son una muestra más de la intolerancia de quienes las profieren”, opinó para este diario el abogado Eduardo Tavani, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).