La resolución del STJ se alinea con el dictamen previo del Procurador General, Jorge Canteros, quien también había recomendado admitir la queja.
Canteros sostuvo que, aunque la medida no fuera definitiva en sentido estricto, debía ser considerada como tal por sus efectos, ya que generaba "un agravio de imposible o tardía reparación ulterior".
Ahora, será el Municipio de Sáenz Peña el que deba resolver en diez días si continúa con el pleito (deberá responder al STJ las razones que motivaron la demanda) o bien la retira a partir de un acuerdo con la Bolsa de Comercio sobre la devolución de los fondos hoy embargados, una opción que cobra fuerza en los pasillos políticos y judiciales, y que cerraría una disputa de peso que lleva meses.