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JUDICIALES Declaran las jubiladas que le prestaron 200 mil dólares a Adorni para que se compre una casa

15/04/2026 | 14 visitas

Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se presentarán a declarar este miércoles en tribunales. La operación incluyó un financiamiento sin intereses y forma parte de la causa que investiga al actual jefe de Gabinete.

Las jubiladas Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, se presentarán este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambas fueron quienes le vendieron el año pasado un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito.

La operación inmobiliaria se concretó en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. Según explicó la escribana Adriana Nechevenko, las propias vendedoras financiaron gran parte de la compra: le prestaron al funcionario 200.000 dólares sin intereses, monto que deberá devolver en noviembre de este año.

Las testimoniales estaban previstas para la semana pasada, pero se reprogramaron luego de que el abogado del funcionario, Matías Ledesma, solicitara la postergación. El letrado argumentó que la fecha coincidía con su participación en el juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, donde también interviene.

Las dos mujeres habían adquirido previamente el inmueble al ex futbolista Hugo Morales, quien ya declaró en el expediente penal. En su presentación, el ex jugador sostuvo que la venta se realizó por 200.000 dólares, un monto inferior al que luego fue declarado en la operación con el actual funcionario.

En paralelo, la semana pasada también pasaron por tribunales Graciela Molina, comisaria retirada de la Policía, y su hija Victoria María José Cancio, contadora dentro de la misma fuerza. Ambas señalaron que fue la primera vez que participaron en un préstamo con garantía hipotecaria a través de la escribana Nechevenko.

Según detallaron en sus declaraciones, el funcionario les abonó 30.000 dólares y mantiene una deuda de 70.000 dólares más intereses, que deberá saldar en un plazo de siete meses. Este esquema de financiamiento se suma a los movimientos que están siendo analizados dentro del expediente judicial.

Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda respuestas a distintos requerimientos enviados a organismos públicos. Estos pedidos se activaron luego de que el juez Ariel Lijo levantara el secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa. La medida permitirá acceder a sus declaraciones patrimoniales, consumos con tarjetas, ingresos, movimientos de cuentas, inversiones y otras operaciones financieras del matrimonio.

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