En declaraciones recientes, Gómez confirmó que la crisis impacta de lleno en el funcionamiento del sector. “Es una situación que venimos manifestando hace tiempo y que en el último mes se agravó, generando una verdadera emergencia”, sostuvo.
Según explicó, el principal problema radica en el desfasaje financiero: las farmacias compran los medicamentos, los pagan a las droguerías en un plazo aproximado de 15 días, pero recién cobran las prestaciones entre 60 y 90 días después. En el contexto actual, incluso, todavía hay pagos pendientes desde enero.
“Nosotros no fijamos el precio del medicamento, lo hacen los laboratorios. Compramos, pagamos y dispensamos, pero el cobro llega mucho más tarde. Eso hace insostenible el sistema”, remarcó.
La consecuencia directa de este escenario es alarmante: más de 500 farmacias en el país ya no están dispensando medicamentos por seguridad social, debido a que tienen sus cuentas suspendidas en droguerías y no pueden reponer stock.
“Cuando una farmacia no puede reponer medicamentos, no solo afecta a los afiliados de PAMI, sino a cualquier paciente que necesite acceder a un tratamiento”, advirtió.
Además, detalló que muchas farmacias enfrentan dificultades para sostener su estructura, con gastos fijos como sueldos, alquileres y servicios, lo que agrava aún más la situación.
Desde el sector indicaron que existe un compromiso de regularizar los pagos en los próximos meses, aunque la incertidumbre persiste y el reclamo continúa siendo generalizado a nivel nacional.
La problemática expone una cadena de pagos tensionada que pone en riesgo no solo la continuidad de las farmacias, sino también el acceso a medicamentos, un aspecto esencial del sistema de salud.