Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa apunta a dinamizar el empleo formal y reducir la litigiosidad en el ámbito laboral. En esa línea, funcionarios y referentes del oficialismo mantienen reuniones con legisladores y gobernadores para sumar apoyos y evitar que el tratamiento del proyecto se dilate o quede trabado en la Cámara alta.
Las conversaciones se concentran especialmente en el Senado, donde la correlación de fuerzas es más incierta. Allí, el oficialismo no descarta introducir modificaciones al texto original para destrabar resistencias y asegurar su aprobación, en paralelo a la búsqueda de acuerdos con mandatarios provinciales.
El temario de las sesiones extraordinarias también incluye la reforma del régimen penal juvenil, que reabre un debate de alto impacto político y social, la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que el Ejecutivo busca reactivar en el Congreso, y un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, que redefine los criterios de protección y otorga a las provincias la facultad de delimitar las zonas alcanzadas.