Garbellini niega haber sido el responsable del Programa Incluir Salud (destinado a personas sin cobertura médica y titulares de pensiones no contributivas, entre otros). En este punto mete en la escena al Ministerio de Salud que, aclara, recibía la información de todos los pagos cada semana. Explica que esa cartera delegó “la conducción, fiscalización y toma de decisiones” a la dirección Ejecutiva de ANDIS, otra vez, Spagnuolo. No a él quien, aclara, si debía dar asistencia a beneficiarios de ese plan. Sus propias responsabilidades, dijo, incluían –por caso- garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio, diseñar acciones no contempladas en él, asegurar el acceso a servicios de salud de personas con asignaciones económicas, asistir a beneficiarios en estado crítico y que requieran asistencia inmediata o urgente en todo el país.
En un tramo se jacta de haber trabajado para hacer el sistema más transparente. Sin embargo, no explica algunas cuestiones puntuales que le adjudica el fiscal Picardi, como haberle facilitado un usuario y clave del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad (SIIPFIS), mediante el cual se gestiona la compra de las prestaciones llamadas PACBI (de alto costo y baja incidencia) a Luciana Ferrari, quien había trabajado en ANDIS en 2018-2019 pero al momento de los hechos trabajaba en el laboratorio Roche. Según Picardi eso le permitía a ella tener información anticipada sobre las compulsas de compras y compartía información sobre las droguerías con Garbellini.
Ambos se vinculaban con Pablo Atchabahian (quien había ocupado el lugar del Garbellini en el macrismo) y está imputado por la fiscalía como parte del mismo armado. Entre ellos hay mensajes donde Atchabahian, por ejemplo, sin ser funcionario, le decía a Garbellini: “Frená y dormí los pagos de Dhiemo. Están jugando mal”. Y la respuesta era: “comprendido”. El día que salieron los audios de Spagnuolo a la luz tuvieron una conversación de 12 minutos.
Garbellini había sido el creador del grupo de Whatsapp llamado “Grupo Museo” en febrero de 2022, en el que estaban Atchabahian y otros hombres vinculados a Miguel Angel Calvete, clave en la causa, y un grupo de droguerías. Allí Atchabahian había escrito en diciembre de 2022: “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias a todos por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”. La imputación de la fiscalía contra Garbellini afirma que “recibía órdenes y las ejecutaba –o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”.
¿Controles?
Garbellini reconoce que él participaba en el comienzo de los procesos de pago, enviado una “providencia administrativa”, pero insiste en que no podía ordenarlos ni firmarlos, algo que además de Spagnuolo aclara que tenían atribuciones para hacer la Directora de Contabilidad, Mercedes Copandegui y la subdirectora Ejecutiva, Romina Nuñez. A la vez explica que los fondos eran solicitados a través de la cartera de Salud, en este caso de la secretaría de Gestión Administrativa que estaba a cargo de Cecilia Loccisano (exviceministra, esposa de Jorge Triaca) a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Así multiplica nombres y dependencias y pide pruebas, algo que –más allá de que pudiera haber otras responsabilidades ciertas- parece apuntar a extender los plazos, cuando pronto podría haber una resolución sobre las situaciones procesales de quienes fueron indagados. A la vez sugiere que Spagnuolo “no abrió las contrataciones de ANDIS al control y acceso público, pudiendo hacerlo”. Aun así, sostiene, al auditoría interna de la agencia “nunca observó irregularidades” ni lo hizo el Ministerio de Salud.
Una de las medidas que pide es que se releven las medidas cautelares contra ANDIS porque, según su argumento, las “compulsas especiales” que se hacían con un trámite veloz estaban destinadas a cumplir con órdenes judiciales y otras a satisfacer la entrega urgente de medicamentos o prestaciones. La versión de Garbellini es que donde el fiscal ve un direccionamiento –que reconstruye de conversaciones, encuentros, laboratorios repetidos y sumas siderales- lo que hay es “una adquisición urgente”. Alega que en estos casos no se puede hacer un procedimiento de compra común, que se hace una “compulsa abreviada” donde se invita a proveedores en el corto plazo, que no son comparables los precios con las adquisiciones en forma mayorista y que hay que agregar la logística de reparto en todo el país. Cuestiona, con esa postura, que se hable de sobreprecios.
Nervioso, desconfiado y amigo de Milei
“Con respecto al trato que yo mantenía con Spagnuolo debo manifestar que siempre fue laboral y cordial, aun cuando se mostrara siempre ocupado, nervioso y apurado”, describe Garbellini. “Nunca me manifestó ni personalmente, ni informalmente, ni formalmente la existencia de algún tipo de problema o disconformidad con las tareas que llevaba adelante. Por el contrario, siempre elogió los avances y logros alcanzados. Tampoco me pidió que hiciera nada fuera de lugar o contrario a derecho”, sigue el descargo.
“Lo que sí puedo referir –agrega- es que siempre manifestaba su temor a que lo estuvieran ‘operando’ para perjudicarlo en su relación personal con el presidente de la Nación, a raíz de lo que pedía constantemente informes con el objeto de mostrarse en los medios de comunicación. Su inseguridad lo llevaba a formular comentarios acerca de sentirse ‘fuera de la gestión’ o, diametralmente opuesto, a decir que ‘estaba para seis años más’”. Garbellini dice que se lamenta por no haberle dado importancia a esos “cambios de humor”. “Se jactaba de concurrir con asiduidad a Olivos a escuchar ópera (…) hacía sentir que tenía mucho poder y resultaba evidente que desconfiaba de todos”.