No obstante, el gremio había anunciado que quedaban exceptuadas de las restricciones todas las operaciones de emergencia, incluyendo vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
La protesta de ATEPSA se basa en diez meses de salarios congelados, la desarticulación de direcciones operativas, y la falta de respuestas de EANA, la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Por ello, exigen un incremento del 45 % para evitar la precarización de un servicio clave. El gremio acusa a las autoridades de promover un “vaciamiento estructural” y de difundir reportes tendenciosos para deslegitimar el reclamo.
El Gobierno, no obstante, intervino este jueves para que esto no ocurriera. "Se intima a la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y, por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual", remarcó en su comunicado.
En este marco, intimó a EANA a que retrotraiga los despidos producidos "por el plazo que dure el presente procedimiento conciliatorio".
Entre las justificaciones de su decisión, consignó que "las acciones gremiales afectaban principalmente a vuelos comerciales nacionales e internacionales programados entre el 11 y el 30 de julio de 2025".
"El Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva", puntualizó.