Arévalo consideró que el contexto económico justifica el reclamo por el endeudamiento de los empleados y la pérdida del poder adquisitivo. «Los sueldos están un poco muy retrasados con la realidad que vivimos», afirmó. También cuestionó que los indicadores oficiales reflejen las dificultades cotidianas para afrontar gastos como las tarifas de gas, luz y agua. El dirigente subrayó que la situación es especialmente crítica para los trabajadores del interior provincial, donde las oportunidades laborales son más limitadas y los costos de vida no dan tregua.
Respecto del monto del bono, aclaró que todavía no existe una cifra definida. Sin embargo, remarcó que el objetivo sindical es que el adicional alcance a todos los trabajadores, con prioridad para quienes perciben los salarios más bajos. «Es importante que se haga todo un monto que sea extensivo a todos los trabajadores por igual», expresó Arévalo, y pidió que los funcionarios queden excluidos del beneficio, al considerar que la prioridad debe estar puesta en los sectores de menores ingresos.
La reunión del 26 de noviembre será clave para determinar si el Gobierno provincial puede otorgar el bono y en qué condiciones. «Esperamos que este fin de año el trabajador pueda recibir un aliciente», concluyó Arévalo, con la expectativa de que la próxima reunión permita avanzar hacia una definición. Mientras tanto, los estatales catamarqueños aguardan una respuesta que alivie la difícil situación económica que atraviesan, en un contexto donde la caída de la coparticipación y la crisis fiscal limitan las posibilidades del Ejecutivo de acceder al reclamo.