La investigación apunta a una presunta «maniobra de administración infiel» de los fondos de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA), que habría tenido como eje central la firma de un contrato con la empresa USEM S.A., vinculada a María Soledad Calle, empleada del sindicato que era propietaria del 50% de la firma y su directora suplente. Para la Justicia, la contratación de una sociedad constituida 82 días antes de la firma del contrato, y sin una estructura operativa acorde, configura una maniobra para desviar fondos y beneficiar a los involucrados.
En su defensa, Furlán sostuvo que «no hubo nada irregular ni delictivo» y que tampoco surgió «ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude». El extitular de la UOM explicó que el sindicato había tenido previamente contratos de fideicomiso con el Banco Nación y de administración con la empresa Donington S.A., que se firmaron por 20 años de forma orgánica. Al vencer esos acuerdos en 2022, el Consejo Directivo pidió «replantear la conveniencia o no de la renovación», y fue así que se decidió firmar el acuerdo con USEM, el cual fue aprobado por unanimidad.
«La contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes», enfatizó Furlán en su escrito. El dirigente remarcó que la contratación de la empresa fue «necesaria», ya que el acuerdo con el Banco Nación exigía la designación de una personería jurídica, y negó tener facultades para administrar los fondos. También descartó que exista un «conflicto de intereses» y justificó la reciente constitución de USEM al señalar que «que una sociedad haya sido organizada para atender una necesidad concreta no demuestra simulación». Y agregó: «Lo jurídicamente relevante es si tuvo existencia real, capacidad y actividad efectiva».
El escrito concluye que la contratación de USEM fue «un legítimo acto de administración del Secretariado Nacional, facultado por el Consejo Directivo y aprobado por el Congreso Nacional de Delegados», en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias. Con estos argumentos, la defensa de Furlán solicitó al juez que deje sin efecto la medida cautelar que dispuso la inhibición general de sus bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad, y que se lo sobresea en la causa. La decisión queda ahora en manos de Ercolini, quien deberá evaluar si los argumentos del extitular de la UOM alcanzan para desvirtuar las sospechas que pesan sobre la contratación de USEM y el manejo de los fondos del sindicato.