Además plantearon como fundamento legal que «el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes no puede estar condicionado por la situación migratoria de sus padres o responsables legales. La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en Argentina, establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a la atención sanitaria sin discriminación por origen nacional, condición económica o cualquier otra circunstancia personal o familiar. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece expresamente la obligación de garantizar el acceso a los servicios de salud en igualdad de condiciones, mientras que la Ley 26.529 de Derechos del Paciente reconoce el derecho a recibir asistencia sanitaria sin distinciones discriminatorias».