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NACIONALES Revisarán el sobreseimiento de Luis Caputo en la causa por los bonos del Estado
06/10/2026
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El ministro de Economía había sido sobreseído en dos instancias, pero la fiscalía insistió con su pedido de indagatoria y llevó la discusión a Casación. La causa investiga si omitió declarar ingresos vinculados a una empresa que, mientras era funcionario de Mauricio Macri, compró casi US$500.000 en bonos argentinos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, deberá atravesar una nueva instancia judicial luego de que la causa en la que se investiga la omisión de ingresos en su declaración jurada llegue a la Cámara Federal de Casación Penal.
El expediente analiza una situación ocurrida cuando el funcionario se desempeñaba como secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. La Fiscalía sostiene que en ese período Caputo cobró dinero de una empresa que no declaró y que, paralelamente, adquirió bonos del Estado nacional.
La investigación comenzó en 2017 a partir de una denuncia presentada por diputados tras las revelaciones de los Paradise Papers. Según la información incorporada a la causa, entre marzo de 2016 y abril de 2017 Caputo recibió US$18.944 de Princess International Group, mientras que esa misma compañía compró US$494.702,56 en bonos del Estado argentino.
Además, el actual titular del Palacio de Hacienda no había incluido en su declaración jurada su participación en Noctua Partners LLC, una firma que administraba fondos de inversión en Miami mediante Alto Global Master Fund, LP. En esta última compañía, el funcionario se desempeñaba como gerente de cartera.
A su vez, Princess International Group, accionista de Noctua, adquirió los títulos públicos mientras Caputo era secretario de Finanzas y participaba en la emisión de esos bonos.
El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el ministro sea citado a indagatoria por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada.
En su acusación, el representante del Ministerio Público sostuvo que “mientras el nombrado participaba de la emisión de dichos bonos como secretario de Finanzas de la Nación, paralelamente facturaba a través de L.C. servicios de asesoramiento financiero a Noctua”. Según planteó, esa firma adquirió los títulos en cuya emisión Caputo había participado y la operación terminó generando una ganancia para quien asumió el control de la compañía, Flavio Caputo, hermano del ministro.
Frente a la acusación, Caputo se presentó en el expediente con abogados. Su defensa sostuvo que desde que asumió como funcionario público no mantuvo vínculos con esas empresas y negó que hubiera existido un trato preferencial para la compra de los bonos, al señalar que se trató de una operación realizada a riesgo de quienes los adquirieron.
En diciembre del año pasado, el juez federal Julián Ercolini había dictado el sobreseimiento del funcionario. Si bien reconoció que las empresas no fueron incluidas en la declaración jurada, consideró que “lo cierto es que ello resultó en una circunstancia general, dado que no fue mencionada ninguna actividad previa en el ítem correspondiente”. También tuvo en cuenta que Caputo posteriormente aclaró la situación ante un requerimiento de la Oficina Anticorrupción.
La resolución fue apelada por la fiscalía, pero la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el sobreseimiento a principios de septiembre. El tribunal sostuvo que “la omisión punible debe ser maliciosa” y consideró que esa intencionalidad no había sido demostrada por la acusación.
Sin embargo, la fiscal adjunta de la Cámara Federal, Eugenia Anzorreguy de Silva, volvió a cuestionar esa decisión y pidió que el caso fuera revisado por Casación. La Cámara aceptó por mayoría que el expediente avance a esa instancia.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola consideraron que la Fiscalía “ha expresado en forma concreta los motivos en que funda su pretensión, citando específicamente los preceptos legales que estima violados e indicando la aplicación pretendida”.
En cambio, el juez Mariano Llorens votó en disidencia y sostuvo que “los argumentos desarrollados por la parte impugnante, que en lo medular tienden a reeditar las razones esgrimidas en la apelación, resultan insuficientes para avalar la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal”.
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