Pero mientras continúa el debate por el proyecto que endurece penas a la explotación de recursos en Malvinas si autorización del Estado Nacional, y a su vez crea un comité de Seguridad, que es cuestionado por la oposición, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene en la mesa un pedido de sesión para el 15 de octubre solicitado por el arco opositor para debatir el proyecto de emergencia en discapacidad, el de endeudamiento familiar y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
Inicialmente, el lote del quórum opositor daba 110 e incluía Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1) y seis de los 18 que integran el heterogéneo bloque de Provincias Unidas. Hacia fin de la semana, una voz de la oposición, de consulta habitual de El Destape, calculaba que estaban en "116 ó 117".
Algunas variables comenzaron a despejarse. Tres misioneros de Argentina Federal bajarán al recinto. Estiman que también hará lo propio un cuarto de esa provincia, Daniel Vansick, pese a tener buen diálogo con Menem. Ante la consulta de este medio, fuentes del bloque Elijo Catamarca (3) afirmaron que "están de acuerdo" con el pedido de sesión.
Desde las inmediaciones de los cordobeses de Provincias Unidas (6) señalaron que "posiblemente acompañen". Entre los diputados disidentes del PRO (3) de ese bloque, desde el entorno del rionegrino Sergio Capozzi rechazaron de plano que baje. En el caso de la jefa de la bancada, la santafesina Gisela Scaglia, afirmaron fuentes que pueden hablar en su nombre que "lo está estudiando".
Si damos por hecho que se van a sentar los cuatro misioneros, los catamarqueños, los cordobeses de Provincias Unidas y Scaglia, todavía faltan once para los 129. Voces de la oposición dura coinciden en que, al igual que con la reforma electoral, los gobernadores que viajaron a París con Milei, serán los que definan la balanza. Ya habrá tiempo para pensar cómo bajar los dictámenes de mayoría que impuso el oficialismo, para bajarle la espuma a la avanzada opositora, tanto en discapacidad como en endeudamiento familiar.
La oposición dura apuró el tratamiento del DNU 70/23, que ya tiene un rechazo del Senado, a raíz del fallo de la Corte Suprema que avaló el artículo 154 de la decisión presidencial que deroga la ley de Tierras.
Hay bloques aliados que le piden al oficialismo que salve el 70/23, no necesariamente por la letra del decreto, sino por el descalabro jurídico que podría derivar, en base a lo actuado bajo el mega DNU, contraparte de la ley Bases. "Es atentar contra la seguridad jurídica. No podemos ser como el cangrejo y volver para atrás", se quejó un diputado que ratificó que no se sentará.
Por la vía judicial, los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot intentaron mediar, presentando una cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del decreto desregulador.
"La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo", habían explicado los diputados.
En la semana, en el oficialismo se barajaba la idea de ratificar la vigencia de la ley de Tierras, a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado, pero que de prosperar, debería volver.
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada marcó la caída en desgracia del el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Su sanción en el Senado significó una victoria pírrica para el oficialismo, ya que uno de los artículos que tuvo que sacrificar fue el que vaciaba, precisamente, la ley de Tierras.
Una fuente del bloque de Unión por la Patria intentaba razonar sobre el fallo de la Corte, a la que consideraba un "pedido de la Embajada de Estados Unidos", y su impacto en el gobierno de Milei. "Vuelve a poner en agenda un tema que generó consenso social y político ¿Cuál es el costo de esto? ¿Movilización y quizás derrota para el gobierno?", especuló, en referencia a que LLA se quedó con una Inviolabilidad de la Propiedad Privada desflecada y en un contexto de represión en las afueras del Congreso y con un rechazo de sectores de afuera del micromundo político.