Sin embargo, la propuesta genera fuertes advertencias de juristas, gremios y expertos en tecnología. El principal foco de alarma radica en otorgar personalidad jurídica propia a un algoritmo, lo que podría derivar en un escenario de opacidad estructural.
Diversos especialistas advierten sobre los riesgos de "impunidad artificial", al señalar que la falta de un directorio físico o una cadena de mando humana visible dificultaría la asignación de responsabilidades ante fraudes, lavado de activos o quiebras
Asimismo, organizaciones sociales y ambientales alertaron sobre la desprotección jurídica que implicaría este esquema frente a eventuales violaciones de derechos laborales o daños socioambientales.
Mientras el Senado evalúa la letra chica de los contratos inteligentes y las obligaciones fiscales que deberán cumplir, la propuesta del gobierno se coloca en el centro de una discusión global sobre el límite legal entre el desarrollo tecnológico y la responsabilidad humana.