El frente fiscal bajo la lupa: un bache de $570.000 millones y el pedido de waiver
La situación es diferente cuando se observan las cuentas públicas. El programa establece para 2026 un objetivo de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que durante el primer semestre el resultado acumulado alcanzó el 0,6% del producto, frente a una meta semestral de 0,7%. La diferencia puede parecer acotada en términos del PBI, pero se traduce en cientos de miles de millones de pesos cuando se la lleva a valores nominales.
Entre enero y junio, el Gobierno registró un superávit primario de aproximadamente 6,29 billones de pesos, mientras que la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones. La brecha fue, por lo tanto, de unos 570.000 millones de pesos, incluso después de que el FMI redujera previamente la exigencia fiscal para ese período. El objetivo original había sido establecido en 8,46 billones de pesos y posteriormente fue reducido a 6,86 billones.
“En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos, quedando 570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, señaló Letcher al analizar los resultados fiscales de la primera mitad del año.
La discusión sobre este incumplimiento es ahora central para determinar qué tratamiento recibirá la revisión. El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que existe la posibilidad de que sea necesario recurrir a una dispensa, aunque remarcó que el Gobierno considera que logró superar otros compromisos relevantes.
“Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa del martes. En esa misma intervención aclaró que hasta ese momento no tenía información de que se hubiera solicitado formalmente el waiver, por lo que la posibilidad todavía debía definirse en el marco de la negociación con el organismo.
El reconocimiento oficial resulta relevante porque desplaza la discusión desde la posibilidad de un incumplimiento hacia el mecanismo que podría utilizarse para resolverlo. El Gobierno no necesita demostrar que alcanzó todas las metas si el Fondo acepta una dispensa para aquella que no se cumplió, pero la decisión depende de la evaluación que realicen los técnicos y, finalmente, de las autoridades del organismo.
En la segunda revisión, aprobada por el Directorio del FMI en mayo, el Directorio habilitó un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas por 20.000 millones firmado en abril de 2025.