A Eduardo Vischi le marcaron que Corrientes tiene más del 7% de su territorio bajo propiedad foránea, especialmente estadounidense. A su comprovinciana Gabriela Valenzuela le advirtieron que el proyecto pone a competir a los productores locales con monstruos internacionales. A Silvana Schneider le señalaron que el Chaco tiene casi el 3% de sus tierras bajo control de capitales extranjeros, particularmente suizos. A Eduardo Galaretto le advirtieron que Santa Fe puede dejar de ser la provincia con menor porcentaje de extranjerización si avanzaba la ley.
La cruzada contra la extranjerización comenzó públicamente, para la UCR, el 16 de julio. En aquel entonces, el Comité logró un pronunciamiento institucional para rechazar la modificación de la Ley de Tierras al entender que “el Estado debe promover la producción, la innovación y la inversión sin comprometer los recursos estratégicos del país. Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros”. En esa línea, desde el espacio recordaron que el propio partido promovió la legislación vigente que fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad y el límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.
La postura oficial fue reforzada desde distintos ámbitos, con roles decisivos en las horas clave. Desde los pronunciamientos de la UCR porteña hasta la declaración del presidente del espacio correntino, Gustavo Valdés —exgobernador, senador provincial y hermano del actual gobernador de la provincia—, quien advirtió que la Ley de Tierras debe incluir límites a la extranjerización, sobre todo en zonas de frontera. No hubo proclama institucional desde la provincia de Buenos Aires, incluso ante la consulta de este medio.