Por lo pronto, la ley vigente actualizó los montos mínimos a partir de los cuales puede configurarse un delito de evasión fiscal. En los casos de evasión simple, el umbral pasó de $1,5 millones a $100 millones. Para la evasión agravada, el piso se elevó de $15 millones a $1.000 millones. También aumentaron los montos para otras conductas contempladas en el Régimen Penal Tributario, como el uso indebido de beneficios fiscales, la utilización de facturación apócrifa o la apropiación de impuestos retenidos.