Ese día, Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, denunció que “está en riesgo la gobernanza del territorio” y la existencia de “un plan sistemático de entrega de la soberanía nacional”. El CECIM judicializó el primer intento del Gobierno de extranjerizar la tierra escondido en el mega DNU 70/23, todavía vigente. En marzo de 2024, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales vía DNU y elevó el caso a la Corte Suprema. La ley quedó vigente hasta que el máximo tribunal resuelva su destino. O hasta que el Gobierno apruebe la nueva normativa.
Durante las cuestiones de privilegio, el senador José Mayans aseguró que “nadie le entrega tanto el país a la embajada norteamericana como el gobierno libertario”. En efecto, la ley que el Gobierno pretendía aprobar este jueves busca eliminar los límites precisamente en los territorios donde la tierra adquiere valor estratégico. Por ejemplo, en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 o el 50 por ciento, como las zonas cordilleranas, donde se concentran recursos estratégicos como el litio, el petróleo, los minerales críticos y los pasos bioceánicos. Además de la eliminación del porcentaje por nacionalidad previsto en la ley vigente, un artículo hecho a medida de los Estados Unidos, principal país de origen de los capitales extranjeros que poseen tierras rurales en la Argentina.
Bullrich logró el quórum con el apoyo del oficialismo, el PRO y las bancadas de Neuquén, Salta y Misiones. Pero se quedó a mitad de camino para avanzar con la aprobación del paquete. “Es tan invotable que hace meses están trabados entre 33 y 34 votos”, dijeron desde el peronismo a este diario. “En el punto tres del temario, referido al proyecto de propiedad privada, vamos a pedir un cuarto intermedio para el 6 de agosto”, anunció Bullrich una vez aprobados los pliegos judiciales. La moción fue aprobada por 62 votos. Luego admitió que aún le faltaban votos.
En el interbloque Popular se mostraron satisfechos por haber frenado la media sanción de la ley, aunque fueron cautelosos. Creen que el Gobierno “abrirá la billetera o aceptará los cambios” que proponen los aliados para avanzar con la aprobación.
Detrás del discurso sobre la defensa irrestricta de la propiedad privada, el Gobierno impulsa una redefinición del régimen de la tierra que facilita el ingreso del capital extranjero sobre activos estratégicos. La discusión excede el derecho de propiedad y atenta contra la soberanía.
La Ley de Tierras Rurales que el Gobierno quiere modificar se sancionó en 2011, en medio de un debate global por el avance de los grandes capitales sobre territorios ricos en recursos naturales. Tras la crisis de 2008, la tierra se convirtió en un activo estratégico y países como la Argentina comenzaron a discutir hasta dónde debía permitirse que quedara en manos extranjeras. Uno de los antecedentes que impulsó la norma tuvo lugar en La Rioja. El senador riojano Fernando Rejal lo recordó durante la exposición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
En 2008, el Banco Nación remató el paraje Valle Hermoso y unas 200 mil hectáreas quedaron en manos del rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. La venta no era solo de campos: también incluía un pueblo con sus habitantes, escuelas, una iglesia y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. Tres años después, ese tipo de operaciones terminó siendo uno de los argumentos para sancionar la Ley de Tierras que hoy el gobierno busca dejar en el olvido.