Ahora será el fiscal de feria quien deberá pronunciarse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Martín Cormick decida si el expediente continuará su trámite durante el receso judicial.
Además del reclamo por el cumplimiento de la cautelar, las universidades buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento, criterio que también utilizó para otras normas sancionadas por el Congreso.
Si bien el Gobierno firmó en junio un acta comprometiéndose a transferir fondos para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN sostiene que ello no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las órdenes judiciales ya dictadas.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley de financiamiento universitario.La Corte dejó firme la medida de la justicia contencioso administrativo federal que había ordenado, antes de resolver el fondo de la cuestión, que el Gobierno cumpliera de inmediato una parte de la ley.