La decisión llega después de los cambios aplicados en mayo sobre el mismo presupuesto aprobado por el Congreso, cuando el Ejecutivo había recortado cerca de $2,5 billones, con un fuerte impacto sobre educación y universidades. Un mes más tarde comenzó una negociación con rectores y gremios universitarios que reclamaban una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las casas de estudio. El 10 de junio, ambas partes firmaron un acuerdo que incluyó un aumento salarial del 24% y refuerzos para becas y hospitales. Esa instancia se produjo mientras continuaban los planteos judiciales ante la Corte Suprema por la ley sancionada y luego desconocida por el Gobierno.