Cada día que pasa, Manuel Adorni está más acorralado. Las explicaciones del jefe de Gabinete no cierran y la Justicia ya activó una serie de medidas de prueba que lo complican. La última novedad es que la productora de Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública, abonó el pasaje de ida a Punta del Este en un jet privado. El de regreso lo pagó otra persona, cuyo nombre no trascendió. En total, el traslado costó 8.000 dólares, el doble de lo que había dicho. Mientras tanto, el exvocero aún debe aclarar por qué no ingresó en su declaración jurada una casa en un country a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. El presidente Javier Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo, aunque no son pocos los libertarios que --en silencio-- esperan su caída.
La causa por el viaje a Uruguay durante los días de carnaval está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. A pedido del magistrado, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A entregó las facturas que dan cuenta de un pago total de 6.984.180 pesos, equivalente a 4.830 dólares. Fuentes judiciales confirmaron que ese monto fue abonado por la productora de Grandio Imhouse SA y corresponde a los pasajes de ida del 12 de febrero.
Según el amigo de Adorni, el viaje lo costeó el jefe de Gabinete, aunque él realizó la compra. “Lo pagó con plata del Estado. Me lo pagó a mí y yo le pagué a la compañía. Tengo el recibo del recibo”, aseguró todo tembloroso. Lo cierto es que la productora de Grandio tiene un contrato con el Estado. Por ende, el abono del viaje podría ser entendido como una dádiva.
El otro dato clave es cómo se pagó el regreso. Lo único que se sabe es que forma parte de un paquete de 10 viajes que cuesta alrededor de 40.000 dólares. Es decir, entre la ida (4.380 dólares) y la vuelta (4.000 dólares), el traslado de la familia Adorni costó más de 8.000 dólares. Se trata de una cifra muy superior a la que había hecho referencia Adorni. Lo que aún se desconoce es quién es la persona que lo abonó.
En este marco, el fiscal Pollicita pidió que se lo convoque a prestar declaración testimonial. Agobiado por los llamados y el avance de la causa judicial, el conductor televisivo se ausentó a la última edición de su programa “Gritalo Mundial”.
Lijo, en paralelo, ordenó a las autoridades del Aeropuerto Internacional de San Fernando que brinden los registros de las cámaras de seguridad, tanto externas como internas, y la documentación que tengan vinculada al hecho. Con esta información, también se podrá corroborar si Adorni y su familia realizaron los trámites correspondientes en Migraciones y Aduana.
Las medidas se originaron a raíz de la denuncia realizada por los diputados Esteban Paulón (Socialismo), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Pablo Juliano (UCR). La presentación apunta a determinar si hubo una dádiva o existe enriquecimiento ilícito. Los gastos del funcionario no son compatibles con su declaración jurada ni con su sueldo de 3.500.000 de pesos.
Una casa en Indio Cua Golf Club
En medio de las torpes explicaciones por sus viajes de lujo, Adorni recibió otra mala noticia. Se conoció que en noviembre de 2024 su mujer registró una casa de dos pisos en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz. La información surgió a raíz de la ampliación de la denuncia por enriquecimiento ilícito que realizó la diputada Marcela Pagano.
La propiedad de Angeletti. (web)
Llamativamente, la propiedad de Bettina Angeletti no figura en la declaración jurada que el jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción. El régimen de DDJJ, en su artículo 6°, establece que el documento debe contener una nómina detallada de todos los bienes del declarante y su cónyuge.
Según la denuncia, Adorni y su esposa “habrían construido una vivienda propia de dos plantas, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173”. Se trata de un inmueble de color gris verdoso, ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf.
De acuerdo a los datos recabados, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”.