En este marco, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, explicó que la resolución del máximo tribunal establece que será el propio Ejecutivo quien deberá definir un mecanismo alternativo de actualización salarial, en función de las posibilidades presupuestarias y la disponibilidad real de recursos económicos. “El fallo es claro en cuanto a que no corresponde imponer un esquema automático como la cláusula gatillo, sino que reconoce la necesidad de que las políticas salariales se diseñen de acuerdo a la realidad financiera de la provincia”, señaló el funcionario.