La incorporación del financiamiento universitario al temario de extraordinarias vuelve a poner a las casas de estudio y a la discusión salarial docente en la agenda legislativa, mientras se discuten otras reformas clave como la laboral y la baja en la edad de imputabilidad. La Ley 27.795 fue sancionada para garantizar recursos y recomponer ingresos del sector, en un escenario de conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Milei desde el inicio de la gestión del Presidente.
El Gobierno fundamenta la medida en las atribuciones conferidas por los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional, que habilitan al Poder Ejecutivo a convocar y prorrogar sesiones extraordinarias y a fijar el temario a tratar. En la práctica, la ampliación del período extraordinario busca asegurar margen legislativo para avanzar con reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada, en medio de negociaciones de último momento para lograr reformas estructurales.
La definición de incluir la ley de financiamiento universitario en el temario abre un nuevo frente de debate político, en un sector que ya protagonizó reclamos presupuestarios, movilizaciones y advertencias sobre el impacto de la inflación en el funcionamiento académico. Con la prórroga hasta el 28 de febrero, el Ejecutivo mantiene activo el Congreso durante el receso ordinario y suma presión para que el proyecto sea tratado en las próximas semanas