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NACIONALES “Empezaron el año insultándonos y lo terminaron con el cierre de la Andis”

31/12/2025 | 36 visitas

Las organizaciones y los familiaries, que se movilizaron todo el año para que entre en vigencia la ley de Emergencia, salieron a cruzar al Gobierno por la decisión de desguazar al organismo.

“Arrancaron en enero del 2025 diciendo que las personas con discapacidad son imbéciles, idiotas, y terminan el año desmantelando el organismo que debe defender a las personas con discapacidad; si algo se puede decir es que han tenido coherencia en el ataque”, le dijo a Página/12 la actriz y activista Valentina Bassi con respecto a la decisión del Gobierno de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Este martes, en una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que la Andis dejará de existir para ser absorbida por el Ministerio de Salud.

“Esta decisión implica un grave retroceso hacia el modelo médico-rehabilitador y el abandonando el modelo social de la discapacidad consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, dijeron organizaciones como REDI, la PADH y FAICA en un comunicado. “La medida adoptada confirma la persistente decisión del gobierno nacional de no reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, reduciéndolas nuevamente a la condición de pacientes, objetos de cuidado y rehabilitación”, agregaron.

Un retroceso

“Sin duda esta noticia implica un retroceso, al considerar la discapacidad como un asunto de salud cuando claramente es una problemática social”, explicó a este diario Daniela Aza, comunicadora social y creadora de contenidos, nacida con un síndrome que afecta el desarrollo y crecimiento de músculos. En su página web puede leerse que se dedica a motivar y educar “a través de mi historia y vivencias como mujer con discapacidad”.

Para ella, esta decisión del Gobierno libertario implica retroceder hacia un modelo médico que considera a las personas con discapacidad desde una perspectiva individual, sin contemplar “los derechos que tenemos las personas con discapacidad del colectivo para poder acceder, con igualdad de oportunidades, en todos los sentidos”, declaró.

Durante la gestión de Milei, Bassi se volvió una reconocida activista, como madre de un adolescente que tiene autismo. Para ella, la discapacidad tampoco se reduce a una cuestión médica que puede entrar en la canasta del Ministerio de Salud, sino que “es una problemática que atraviesa la educación, el transporte, el trabajo, la vida cotidiana de las personas”. “Por eso tiene que haber una agencia que agrupe todas estas problemáticas”, explicó.

El jefe de Gabinete justificó la decisión por supuestas irregularidades, pero no mencionó el escándalo de coimas que involucra a funcionarios de La Libertad Avanza. Mientras tanto, en Comodoro Py avanza la causa por corrupción que inició tras la difusión de audios adjudicados al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, ex abogado y amigo del presidente Javier Milei, donde también se vio involucrada su hermana, confidente y secretaria general, Karina Milei.

Adorni hizo énfasis en que ahora las políticas de discapacidad pasarán a administrarse de manera transparente, “con mecanismos de control, y sin discrecionalidades, se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones”. Tras haber hecho ajustes brutales para el sector de Discapacidad, y tras meses de incumplir la Ley de Emergencia sancionada en el Congreso, el Gobierno sigue con recortes.

“Está claro que las personas con discapacidad seguimos siendo una variable de ajuste, una carga para el Estado y personas no válidas o, si se quiere, no útiles” sostuvo Daniela Aza.

Tanto ella como Bassi coincidieron en que esta medida es un golpe de incertidumbre, tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares y cuidadores. “Si deja de existir la Andis y se entiende que todo va a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cuál va a ser el proceso?”, se pregunta Aza, y explicó que las personas con discapacidad se ven muy afectadas porque pierden un lugar al que poder acudir, un sistema claro que los proteja. Para ella, ahora el panorama es demasiado incierto.

Bassi opinó que lo que consigue la gestión ultraderechista al desmantelar la Andis es confundir a la gente. “Y sobre todo a las personas con discapacidad que no saben si el mes que viene van a tener la pensión o no, si van a tener las terapias o no”, dijo la actriz. Pero aclaró que aún así las responsabilidades no se disuelven. El Gobierno aún se ve legalmente obligado a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que busca garantizar el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, y asegurar prestaciones acordes a la economía actual del país.

“La ley se tiene que cumplir haya Andis o no. Y el 2 de enero empiezan las multas a los responsables, que vendrían a ser Adorni, Lugones, Vilches, Pettovello, básicamente los responsables de que la ley no esté vigente, en movimiento. Y con disolver la entidad tampoco se van a disolver los hechos de corrupción, que van a seguir y se tienen que seguir investigando” explicó Bassi.

Sobre la Andis, Adorni dijo que “Durante años, fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Y admitió que este cambio incluirá la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y la reducción del 45,7% de estructura jerárquica.

Para la comunicadora social Aza, la eliminación de la Agencia de Discapacidad se da en un contexto de constante deterioro de derechos humanos. “Ya venimos de un duro golpe que tuvo que ver con las prestaciones y hoy esto genera una gran indignación porque significa acrecentar la exclusión y vulneración de derechos que sufrimos históricamente las personas con discapacidad”, declaró.

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Adorni informó que la Andis dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud. Justificó la decisión en supuestas irregularidades, entre las que no mencionó el escándalo de coimas que involucra a funcionarios del Gobierno. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones”, aseguró.

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