El texto de apelación de su defensora, Plazas, señala que la investigación empezó con "actos que vulneran derechos constitucionales, en particular, el derecho a la intimidad, lo cual redunda en una vulneración a la garantía del debido proceso". Recordó que la denuncia que dio origen al a causa, que hizo el abogado Gregorio Dalbón, se basó en los audios difundidos en medios de comunicación donde "se escucharía a mi asistido Spagnuolo dando cuenta sobre el mecanismo de compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad a la compañía Droguería Suizo Argentina". Ella aclara que eso implica "ningún tipo de admisión con relación a la atribución de esas comunicaciones a mi defendido", pero "el modo en que habrían sido obtenidas no puede convalidar el inicio de un proceso penal respetuoso de las garantías constitucionales, en tanto se trataría de grabaciones obtenidas de manera subrepticia y oculta". Ella insiste con la violación al derecho a la intimidad, algo que rebatieron el fiscal Picardi y el juez Casanello con antecedentes de otras causas.
Spagnuolo, por su lado, se quejó del "perjuicio" que le genera la investigación: "además de la exposición pública y el descrédito personal, se dispuso el allanamiento de mi domicilio y el secuestro de bienes que nada tienen que ver con la investigación". Protestó por el dinero incautado en su caja de seguridad, donde había 80.000 dólares y 2000 euros no declarados. Aseguró que no había accedido a esa caja desde el 3 de marzo de 2023. Fueron, señaló, "casi 10 meses antes de asumir el cargo, circunstancia que que torna imposible cualquier vinculación de tales fondos con los hechos investigados". Cuestionó que no se le permitió participar en la pericia del celular que le secuestraron que, como informó Página/12, estaba prácticamente todo borrado. "Como si ello fuera poco, se me impuso la prohibición de salida del país, una medida de enorme gravedad que restringe mis libertades más básicas. Todo ello constituye un daño directo, tangible y múltiple, derivado de la violación a mi intimidad y del uso de pruebas de origen incierto", agregó
Sin entrar en el detalle del contenido de los audios, que no negó ni confirmó, agregó una frase que parece aludir a la hermana del presidente y a "Lule" Menem, señalados en las conversaciones como presuntos destinatarios de un 8 por ciento de lo recaudado en medicamentos: "Resulta cuanto menos llamativo que la voz de esos audios (según parece haberlo interpretado el Juzgado y el Ministerio Público Fiscal) aludiría a presuntas irregularidades cometidas por terceras personas respecto de las cuales, curiosamente, no se dispuso medida alguna ni se impulsó investigación de ningún tipo. En cambio, se me somete a mí a las más severas restricciones a partir de grabaciones apócrifas, incompletas y de origen incierto. Esa selectividad procesal, tan evidente como inexplicable, exhibe la endeblez de las bases sobre las que se ha pretendido construir este proceso".
La causa volvió a estar bajo secreto de sumario desde la semana pasada que hubo múltiples allanamientos y se levantaría la semana que viene. Se analiza una enorme trama de contrataciones en la Andis y presuntos sobornos. Habrá que ver qué pasa en los próximos días.