El 12 de marzo, la represión frente al Congreso incluyó un amplio despliegue de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y Policía de la Ciudad. La violencia escaló rápidamente. Más de cien personas fueron detenidas y otro centenar resultaron heridas. El operativo contó además con personal de civil y vehículos tanto identificados como no identificados.
La manifestación había sido convocada para las 17. Sin que mediara violencia por parte de los manifestantes, la represión comenzó una hora antes. A las 17.18, mientras fotografiaba el operativo, Grillo recibió en la frente el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. Cayó al suelo, fue auxiliado por manifestantes y trasladado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía. Frente a él avanzaba una hilera de gendarmes escoltados por camiones hidrantes.
El operativo se amparó en la resolución 943/23, conocida como “Protocolo antipiquetes”. Con ella, Bullrich habilitó la dispersión de manifestaciones que interrumpan el tránsito y otorgó a las fuerzas facultades para recolectar información destinada a criminalizar y estigmatizar a referentes sociales, sindicales y políticos. Desde su aplicación en diciembre de 2023, organismos de derechos humanos advirtieron que se trata de un protocolo inconstitucional.