El miércoles, Kreplak detuvo a Ariel García Furfaro y a varios de sus familiares y empleados en el laboratorio HLB Pharma, principales responsables de la producción y distribución del fentanilo contaminado. Esa es la pata privada. Pero, en paralelo, la investigación conduce a las responsabilidades del Estado. El Ministerio de Salud se había presentado como querellante en el caso, como si fuera un damnificado o tuviera algún interés afectado que legitimara su involucramiento en la causa. Pero como ahora será investigado el juez le quitó ese rol.
“Esta circunstancia obliga a reconsiderar el rol de querellante que oportunamente se otorgara al Ministerio de Salud de la Nación, toda vez que no puede ignorarse la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran eventualmente detentar en el proceso con el devenir de la investigación”, describió Kreplak.
En su resolución, el juez Kreplak explicó: “Resulta evidente con el devenir del proceso que el genérico interés por la salud pública que las autoridades sanitarias han alegado para ejercer el rol de acusador particular no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter, máxime cuando otros organismos públicos -como paradigmáticamente lo hace el Ministerio Público Fiscal- intervienen en autos en defensa delos intereses generales de la sociedad”.
La decisión judicial llega justo después de que el gobierno de Javier Milei dispusiera el despido de Gabriela Carmen Mantecon Fumado, hasta hoy Directora Nacional de Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) dependiente de la ANMAT. Es una de las firmantes del documento que publicó El Destape que confirma que la ANMAT conocía de las irregularidades en el laboratorio que elaboró el fentanilo contaminado desde una inspección que realizó entre fines de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 pero recién ordenó el freno de la producción el 13 de febrero de 2025, dos meses después.