Al cuestionar el régimen de visitas, los abogados remarcaron que la exmandataria durante su prisión domiciliaria tiene el derecho a “desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, y que los magistrados no pueden imponer “reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Para la defensa de CFK, la restricción impuesta por el Tribunal es incompatible con el derecho a la vida familiar y social de la exmandataria. “Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresaron los letrados, quienes advirtieron además que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta debe reunirse de forma frecuente con los profesionales contables que la asisten, al igual que con los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas desarrolladas diaramente a su nombre.
A su vez, remarcaron que la expresidenta es la titular del Partido Justicialista (PJ), el principal espacio político opositor. “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, advirtieron los abogados de CFK. “Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, añadieron.
Otros recursos pendientes
La defensa de Cristina Kirchner también impugnó en los últimos días la orden de los jueces del TOF N°2 de colocarle una tobillera electrónica a la expresidenta para controlar la prisión domiciliaria y garantizar su cumplimiento. Sin embargo, eso aún no fue elevado a la Cámara Federal de Casación.
Por otra parte, todavía está vigente el plazo para que los fiscales Luciani y Mola presenten recurso contra la prisión domiciliaria de titular del PJ: al dictaminar sobre el punto, los representantes del Ministerio Publico Fiscal se habían opuesto a esta forma de prisión y habían dejado expresa reserva de recurrir ante la Cámara de Casación en caso de una resolución desfavorable.