En una extensa presentación, en diciembre de 2020 (y de nuevo en marzo de 2022) Nievas demostró que el informe de Gendarmería se había basado en “información inexacta”, y se había realizado “con equipos deficientes”. Y es que los peritos no habían tenido en cuenta que algunas viviendas habían sido relocalizadas (algo para lo que el jefe comunal estaba facultado por el gobierno nacional) considerando el tiempo transcurrido entre la presentación de los proyectos, su aprobación y el envío de los fondos.
En efecto, algunos beneficiarios habían solicitado que se les construyera en otros predios, o en el campo. La realización de un nuevo relevamiento, esta vez llevado a cabo por un Agrimensor y certificado esas actuaciones por Escribano Público, determinó que la totalidad de las viviendas objeto de esos cuestionamientos habían sido construidas y entregadas, y que su geo-localización era precisa.
Finalmente, respecto al presunto incremento patrimonial de Nievas, una Pericial Contable y otras pruebas incorporadas a la causa acreditaron que la mayoría de sus bienes habían sido adquiridos con anterioridad al ejercicio de su cargo público, y las ganancias verificadas con posterioridad estaban justificadas por su desempeño como abogado, su salario como intendente, ahorros propios y por la actividad comercial de explotación ganadera.