Entre los gremios que participarán está la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al decreto. También se sumarán las dos CTA, junto con dirigentes del peronismo y de la izquierda.
La jornada tendrá impacto en distintas áreas estatales, con interrupciones en la atención y actividades reducidas en organismos públicos. En el sector sanitario, los hospitales mantendrán guardias mínimas, mientras que los centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores garantizarán la atención de urgencias.
En el transporte aéreo también podrían registrarse complicaciones. La ausencia de controladores aéreos, personal de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y agentes de tránsito podría provocar demoras en los vuelos. Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente los vuelos sanitarios y de Estado.
En cuanto a la atención administrativa, tanto el PAMI como la ANSES funcionarán solamente para emergencias. Además, podrían verse afectadas otras tareas en dependencias públicas y las actividades vinculadas con el manejo de incendios forestales.
Los servicios urbanos tampoco quedarán al margen. Durante el paro no habrá recolección de residuos y se interrumpirán las tareas de auxiliares de educación, guardia urbana y radiooperadores de medios públicos. También se verá afectado el personal encargado del manejo de incendios forestales y del mantenimiento de plantas nucleares.
A estas medidas se sumará el paro de 24 horas previsto para las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. El reclamo de los trabajadores del sector apunta a conseguir una recomposición salarial y mayores recursos para el sistema educativo.
Financiamiento universitario y rechazo al DNU 70/23
La marcha tendrá dos ejes centrales. El primero será la defensa del financiamiento universitario, una demanda que reúne a universidades, sindicatos docentes y no docentes y centros de estudiantes.
La comunidad educativa reclamará que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales favorables. La protesta llegará después de distintas medidas de fuerza, entre ellas paros y clases públicas, en un contexto en el que los sectores convocantes buscan evitar que se naturalice el incumplimiento de una norma vigente.
El segundo punto de la convocatoria estará vinculado con el DNU 70/23, que ya fue rechazado por el Senado y será debatido en la Cámara de Diputados. Los manifestantes reclamarán que los legisladores avancen con su derogación definitiva y con una declaración de inconstitucionalidad.
La convocatoria parlamentaria se produjo luego de un fallo de la Corte Suprema que revocó una sentencia que había invalidado el artículo del decreto que derogaba la Ley de Tierras. Sin embargo, el máximo tribunal dio marcha atrás con esa decisión y la norma continúa vigente.
El rechazo al decreto también alcanza a otros sectores afectados por sus disposiciones. Entre ellos están los inquilinos, que reclaman la restitución de la Ley de Alquileres, eliminada a partir de la entrada en vigencia del DNU.