En otro tramo, calificó de “irreales” los informes de ARCA que atribuyen a su esposa, Romina Peloni, consumos por más de 9.000 millones de pesos en 2024 y más de 4.000 millones en 2025. Lo atribuyó a “un error de tipeo” y aseguró que los ingresos familiares provienen de salarios, actividad profesional privada y alquileres de propiedades en Avellaneda y Mar del Plata. Además, presentó un listado de nueve inmuebles alquilados.
La investigación sobre el SIIPFIS detectó, según la fiscalía, un patrón de simulación de competencia en rubros como cardiología, traumatología, audífonos y amputaciones. En cardiología, Farma Salud S.R.L., de Osmar Mariano Caballi, integrante del “Grupo Museo”, obtuvo más del 90% de las órdenes de compra, por más de 13.700 millones de pesos en diez meses.
Otro episodio involucra a Calvete y Fabián Piedimonte, presidente de Neurosalud S.A., quienes intercambiaron mensajes sobre la competencia de Boedo. Días después, Garbellini ordenó a Diego D’Giano que “con Boedo S.A. no se trabajaría más”. La empresa dejó de ser invitada al SIIPFIS. El exfuncionario reconoció la decisión, pero la atribuyó a supuestos incumplimientos administrativos y falta de respaldo financiero.
Garbellini, Spagnuolo, Atchabahian, Calvete y otras 15 personas tienen un procesamiento confirmado en segunda instancia por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. El juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, debe resolver la ampliación de la acusación impulsada por Picardi.