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JUDICIALES Andis: detectaron sobreprecios de hasta 4239% y compras con productos distintos a los adjudicados
28/09/2026
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Los informes enviados a la Justicia por Alejandro Vilches expusieron fuertes diferencias entre valores pagados por la ex Andis y otras reparticiones públicas. También señalaron facturas duplicadas, errores técnicos y casos en los que los beneficiarios no recibieron los productos consignados.
Los documentos que llegaron a la Justicia a partir de la intervención de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) dejaron una serie de observaciones sobre compras, facturas y procedimientos realizados durante la gestión de Diego Spagnuolo. Entre los casos relevados aparecen diferencias de precios de hasta 1972%, adquisiciones de productos importados con valores superiores a los nacionales y bienes que, según los informes, no coincidían con lo que finalmente recibieron los beneficiarios.
Uno de los episodios mencionados ocurrió en Río Negro, donde un paciente necesitaba una prótesis para una amputación. La documentación indicaba que el elemento había sido entregado y contaba incluso con un remito firmado por la madre del beneficiario. Sin embargo, el relevamiento realizado posteriormente determinó que la firma había sido obtenida “bajo inducción a error” durante la toma de medidas y que no acreditaba la recepción efectiva del producto.
El caso fue considerado de gravedad dentro de los informes elaborados sobre las compras. Allí se incluyeron otros episodios que, según el material remitido por el Ministerio de Salud y el interventor saliente, presentaban “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Las observaciones abarcaron tanto valores considerados excesivos como problemas en la categorización de determinados productos.
Los informes técnicos fueron firmados el 15 de octubre de 2025 y el 10 de abril de este año. El primero analizó operaciones vinculadas con válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. El segundo incorporó insumos ortopédicos, referencias de precios de mercado y cuestionamientos vinculados con cuestiones administrativas.
En octubre, Alejandro Vilches había explicado que la intervención avanzaba con una revisión de expedientes, documentación y procedimientos. El objetivo, según dejó asentado, estaba “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades”. El trabajo incluyó observaciones que, de acuerdo con el informe, “podrían configurar apartamientos a las normas”.
Uno de los primeros casos analizados fue el pago realizado a Farma Salud el 8 de julio de 2025. La firma recibió $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El informe contrastó ese importe con una compra realizada por PAMI el 25 de marzo de ese mismo año a Siprotec SA, donde el mismo sistema había sido adjudicado a $124,2 millones por unidad.
La misma empresa apareció en otra comparación por la compra de endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible. En este último producto, la brecha entre lo facturado a la exAndis y el valor abonado por PAMI a otros proveedores alcanzó el 711%.
Ante la Justicia, dos representantes de Farma Salud rechazaron haber efectuado pagos indebidos a funcionarios y señalaron a un tercer accionista de la compañía.
Los implantes cocleares también quedaron bajo análisis. El informe indicó que el valor promedio pagado por unidad a Droguería Floresta fue de US$ 62.613. Como contraste, una adjudicación concretada en septiembre estableció un precio unitario de US$ 12.125, mientras que la referencia de mercado utilizada se ubicó en torno a los US$ 16.975.
Según el escrito enviado por Vilches, la diferencia llegaba a US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado.
Otra de las proveedoras mencionadas fue Indecomm. Allí, el análisis de las facturas detectó seis comprobantes emitidos durante noviembre. Entre ellos apareció la factura B 00001-00000958, que, según el informe, fue abonada dos veces por un monto de $28,7 millones en cada oportunidad.
El relevamiento también puso la lupa sobre la compra de un neuroestimulador. La firma Neurosalud recibió en junio de 2025 un pago de $132,4 millones mediante la Factura N° 00000128, un valor que también había sido fijado en la adjudicación realizada en abril.
El contraste apareció con una operación de PAMI concretada un mes antes. Allí se había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral con batería no recargable por $41,5 millones por unidad. A partir de esa comparación, los técnicos señalaron una brecha del 219% en los valores abonados.
El segundo informe, fechado en abril, incorporó además lo que definió como “errores de categorización técnica”. El documento señaló que se habían facturado unidades C01 por valores de entre $11 millones y $14,9 millones, pese a que por la patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia iban de $1,3 millones a $2,3 millones.
La revisión también cuestionó la elección de determinados productos importados. Según el análisis, los requerimientos terapéuticos podían cubrirse mediante equipamiento nacional, que ofrecía “superior durabilidad y ajuste anatómico” y tenía un costo menor.
En ese punto, el informe sostuvo que “la insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”.
Dentro de ese mismo documento apareció además una factura correspondiente a un andador, cuyo presunto sobreprecio fue del 4239%, una cifra que había trascendido a la prensa semanas atrás.
Desde Ortopedia Bernat señalaron a LA NACION que, al menos hasta mayo, esa factura permanecía impaga. También describieron qué había ocurrido con el producto: “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.
Los informes elaborados por Vilches fueron incorporados al expediente judicial. A esa documentación se sumó un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también había encontrado diferencias de precios, incluso entre distintas licitaciones realizadas dentro de la propia Andis.
Ese material fue utilizado por el fiscal federal Franco Picardi para orientar su acusación hacia un esquema de licitaciones que, según su planteo, habría sido más acotado y con una cantidad menor de oferentes que la contemplada en el sistema de compulsas recomendado por las autoridades.
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