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NACIONALES Con apoyo de bloques aliados, el oficialismo convirtió en ley la Inocencia Fiscal II

18/09/2026 | 4 visitas

La iniciativa recibió 44 votos positivos, 23 negativos y 0 abstenciones. El peronismo denunció que la actualización del régimen es un esquema de blanqueo. Más temprano, avanzaron con el traspaso de la justicia de menores y nuevas competencias penales a CABA.

La Cámara de Senadores aprobó y convirtió en ley el proyecto de "Inocencia Fiscal II". La norma apunta a flexibilizar el régimen de regularización de ahorros y relajar los límites para el ingreso de contribuyentes al régimen simplificado de ganancias (RSG).

Luego de un breve debate, la iniciativa recibió 44 votos positivos, 23 negativos y 0 abstenciones. Los votos en contra fueron todos del bloque Justicialista, que denunció un avance del blanqueo iniciado con el régimen vigente.

“Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, señaló José Mayans, presidente del bloque peronista.

Mediante esta iniciativa se redefine el concepto de “discrepancia significativa” que habilita a la ARCA a impugnar la declaración jurada simplificada y, como consecuencia de ello, la presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas del impuesto a las Ganancias y del IVA, correspondientes a los períodos no prescriptos.

Dicha discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente; cuando la diferencia supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal; o cuando la impugnación obedezca a la utilización de facturas u otros documentos apócrifos o al cómputo improcedente de ingresos directos.

Además, se incorpora un umbral mínimo equivalente al 5% del monto previsto en el artículo 1° de dicho régimen penal, por debajo del cual no se configurará discrepancia significativa aun cuando se supere el porcentaje indicado.

“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, señaló el libertario Bruno Olivera.

Uno de los puntos centrales de la actualización es la exclusión de funcionarios. La exclusión abarca a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública, en los tres poderes del Estado, dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante.

Traspaso de la justicia menores

Más temprano, el Senado aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra los acuerdos entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la justicia de menores y nuevas competencias penales. Los votos negativos correspondieron al bloque Justicialista y a los senadores santiagueños. Ambos convenios pasan ahora a la Cámara de Diputados.

Los acuerdos fueron firmados el 3 de julio por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la cartera de Justicia porteña, Gabino Tapia. Uno de los convenios establece que la Ciudad asumirá la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes desde los 14 años hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, incluso si al momento del juicio ya son mayores.

El convenio también contempla a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o por hechos conexos, con el objetivo de preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para los menores de 14 años se prevén intervenciones judiciales de protección, mientras que los delitos federales y aquellos delitos comunes que por su conexión deban tramitar en ese fuero continuarán bajo la órbita de la Justicia federal.

Además, se acuerda iniciar negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos.

No obstante, no se transfieren las causas iniciadas antes de la fecha del traspaso, incluida la ejecución y el cumplimiento de las medidas o condenas.

Nación se compromete a impulsar las medidas para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores.

La entrada en vigencia se acuerda a los 120 días corridos desde que el acuerdo esté aprobado por el Congreso y por la Legislatura porteña, y se suscriba el acuerdo específico de transferencia de recursos.

En el caso del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Estado nacional transfiere a la CABA la competencia sobre delitos no federales contra el honor, la integridad sexual, la libertad, transporte y comunicaciones y otros relacionados con la propiedad intelectual, el ejercicio de la medicina veterinaria y la protección y conservación de la fauna silvestre.

La Justicia nacional conserva las causas iniciadas antes de la entrada en vigencia del convenio, incluida la ejecución penal y el efectivo cumplimiento de la condena.

La entrada en vigencia es igual a la del acuerdo sobre justicia de menores.

La sesión comenzó con un temario sobre el que los aliados del oficialismo ejercieron presión, especialmente en torno al proyecto de Biocombustibles y la participación de las pequeñas y medianas empresas del sector. La Libertad Avanza debió resignar el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por pedido de los bloques dialoguistas.

Además, el temario contempla tres proyectos de declaración sobre el Parque Nacional Monte León y los héroes nacionales Estanislao López y Guillermo Brown.

Por otra parte, sectores aliados al gobierno presionan por el proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles. La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas ya habían acordado elevar el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%, con aplicación un año después de la sanción de la norma.

El principal desacuerdo está relacionado con el lugar que tendrán las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel dentro del mercado. Las pymes buscan conservar una participación del 7,5%, mientras que la iniciativa plantea una reducción gradual hasta que ese porcentaje desaparezca en 2036.

El esquema diferencia entre las empresas integradas, que pueden intervenir en distintas etapas de la cadena productiva, y las firmas no integradas. Cuando el corte de biodiésel llegue al 10%, estas últimas tendrían una participación equivalente al 6,5% del mercado total.

La propuesta contempla luego una reducción al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. Desde 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas.

Ese mecanismo genera resistencia entre los bloques aliados vinculados con las provincias del centro del país, que reclaman que las pymes del sector tengan una participación asegurada.

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