Las empresas no integradas en una cadena productiva, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas que dependen del cupo obligatorio, pidieron mayor protección frente a las compañías con mayor escala de producción y capacidad exportadora.
En cuanto a los porcentajes de cortes obligatorios de biodiésel para el gasoil y bioetanol para las naftas, la iniciativa propone: en el primer caso, pasar del 5% actual a un 7,5% y, en el plazo de un año desde la sanción de la ley, elevarlo al 10%; en el segundo caso, se mantiene por un año el 12% actual y, transcurrido un año desde la nueva ley, se lleva al 15%.
Frente a esto, el oficialismo apunta ahora a negociar en estos días con las provincias y llevar el proyecto a sesión el próximo jueves 17 de septiembre, con un extenso temario. En esa sesión, apuntan a sumar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el RIIR y el traspaso de la Justicia de menores y de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires.
Mientras tanto, sigue la discusión por la Ley de Hojarasca, que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa ya fue aprobada por Diputados y tiene dictamen en la Cámara alta, pero hay dudas en La Libertad Avanza luego del mal precedente que dejó la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que casualmente también impulsó el ministro Sturzenegger. La medida apunta a eliminar unas 60 normas que el Gobierno considera burocráticas, viejas o sin aplicación concreta.