La ley también incorpora una dimensión institucional al exigir que cada establecimiento educativo adapte sus Acuerdos Escolares de Convivencia. En esos reglamentos deberán incluirse pautas específicas sobre el uso de teléfonos celulares, tecnologías digitales e inteligencia artificial. La elaboración de esas normas internas deberá realizarse mediante procesos participativos que involucren a estudiantes, docentes, directivos y familias. Las escuelas tendrán un plazo máximo de seis meses para adecuar sus reglamentos. Otro de los ejes centrales de la legislación apunta a la formación y la prevención. El Ministerio de Educación deberá desarrollar campañas de concientización destinadas a estudiantes, docentes y familias sobre el uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales.