La justificación oficial, plasmada en los considerandos de la resolución, sostiene que este incremento de los topes busca atraer "bienes de mayor significatividad económica", lo cual, según la visión oficialista, "fomentará la competencia de oferentes y, en consecuencia, redundará en condiciones contractuales más ventajosas para el Estado Nacional". Sin embargo, esta lógica ignora que al eludir los mecanismos tradicionales de subasta pública en favor de procesos directos o gestionados por intermediarios, se reduce la visibilidad y el control ciudadano sobre el precio y el destino de los recursos que pertenecen a todos los argentinos.