La Cámara Federal de Casación Penal ya confirmó la validez del decomiso en abril de este año. El tribunal sostuvo que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria". En el fallo, el camarista Gustavo Hornos remarcó que la finalidad de la medida no es castigar a los actuales titulares, sino recuperar para el Estado los bienes vinculados a hechos de corrupción ya juzgados. Contra esta decisión está pendiente de resolución una queja directa ante la Corte.
El primer listado de bienes fue elaborado por el fiscal Diego Luciani y comprende 111 propiedades de Lázaro Báez, Cristina Kirchner y las 19 transferidas a sus hijos, todas adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. También existe una segunda tanda vinculada a las sociedades Los Sauces y Hotesur, que están bajo análisis judicial. Entre ellas figura el inmueble de San José 1111, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario, y el chalet de Río Gallegos, residencia tradicional de la familia Kirchner.
En el expediente judicial se investigó una maniobra defraudatoria cometida entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial. Según consta en la causa, esas obras fueron adjudicadas de forma sistemática al Grupo Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.