Dentro de los sectores alcanzados aparecen la fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial, centros de datos, energías renovables, semiconductores y proyectos relacionados con minerales críticos y uranio.
La propuesta contempla beneficios fiscales, regulatorios y aduaneros por un período de hasta 30 años. Entre los incentivos incluidos figuran una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, reducción de la carga sobre dividendos y la eliminación de derechos de exportación para los proyectos que ingresen al esquema.
El régimen también prevé arancel cero para determinadas importaciones, límites a las alícuotas provinciales de Ingresos Brutos en las jurisdicciones que adhieran expresamente y estabilidad regulatoria durante tres décadas. En ese marco, Córdoba podría sumarse al esquema pese a las diferencias que mantiene con la administración nacional.
Mientras el oficialismo sostiene que la herramienta permitirá competir por inversiones globales que actualmente no desembarcan en el país, sectores aliados y distintos gobernadores impulsaron cambios vinculados a la participación de proveedores locales y a una delimitación más precisa de las actividades que podrán acceder a los beneficios previstos.