Sin embargo, el decreto establece límites expresos: la prórroga de jurisdicción no implicará una renuncia a la inmunidad de ejecución de la Argentina. En ese marco, quedan protegidos de eventuales embargos los bienes, reservas o cuentas del Banco Central; los bienes de dominio público; los bienes afectados a servicios públicos esenciales; los bienes diplomáticos, consulares, militares o culturales; los impuestos y regalías adeudados al Estado; y todos aquellos bienes declarados inembargables o intransferibles por ley, salvo autorización del Congreso.