Según el análisis oficial, la empresa adjudicataria concentrará la mayor parte de sus inversiones durante los primeros siete años de concesión. El recupero de esas inversiones comenzaría entre los años ocho y quince, mientras que el período de mayor rentabilidad llegaría recién a partir del año dieciséis.
La concesión fue diseñada bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin garantías ni aportes directos del Estado nacional. Además, el contrato contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales, equivalente al 20% del plazo original.
Con la adjudicación ya formalizada, el Gobierno busca abrir una nueva etapa para la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, una infraestructura considerada estratégica para la agroindustria, la industria y el comercio exterior del país.