En materia de acceso a derechos y protección integral, las autoridades analizaron herramientas destinadas a garantizar una respuesta efectiva para los sectores más vulnerables. Entre ellas, los programas de asistencia interdisciplinaria para víctimas de violencias y delitos federales, el Programa Nacional de Lucha Contra la Criminalidad (PRONALCI), orientado a la protección ciudadana mediante tecnología y supervisión de medidas cautelares, y el trabajo de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) junto al programa ADAJUS, que promueven la eliminación de barreras en los procesos judiciales y garantizan el ejercicio efectivo de los derechos.