Desde el consejo que agrupa a las casas de altos estudios indicaron que “es un paso importante, pero de ninguna manera definitorio ni suficiente”. Y reiteraron que no sacarán la demanda judicial por la Ley de Financiamiento que tiene fallos favorables en primera y segunda instancia y que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Justamente esa era una de las cláusula que intentó imponer el secretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, la semana pasada, durante la primera reunión. Esa propuesta fue rechazada de plano por los rectores y los funcionarios libertarios tuvieron que ceder: “la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva”, indicaron en un comunicado.