El fallo generó un amplio repudio. La Confederación General del Trabajo (CGT) consideró que la Sala VIII había “optado claramente en contra del trabajador”. La central obrera también remarcó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como un sujeto vulnerable de tutela preferente. En esa línea, la CGT advirtió —no sin ironía— que los prestos camaristas podrían estar incumpliendo la propia reforma que reactivaron, ya que el artículo 89 de la Ley 27.802 establece que los jueces inferiores no pueden apartarse de la doctrina del máximo tribunal sin exponerse a sanciones.