El argumento del oficialismo para no cumplir con la ley siempre fue el mismo: repetir que “no hay plata”, y que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el Presupuesto. Además, sostienen que cumplir con la aplicación de la norma tendría “un fuerte impacto fiscal”.
Después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, ordenó al Gobierno, en diciembre de 2025, aplicar la ley y actualizar salarios/becas, suspendiendo el decreto que suspendía su vigencia.
El mes pasado la Casa Rosada apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley tras el amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y, además, anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para modificar la norma y seguir intentando, a toda costa, no pagar lo que corresponde.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo que se conoció este martes y exigió su cumplimiento para que se levanten las medidas de fuerza que llevan adelante los docentes. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes”, advirtió.
Algunas de las clases públicas los docentes las realizan en la puerta de una de las propiedades sin declarar del jefe de gabinete Manuel Adorni. Allí montaron un pasacalles que decía: “un pasaje de Adorni a Punta del Este son 18 salarios docentes”.
Durante toda la jornada desde el gobierno quisieron correr el tema de la corrupción y las malas noticias judiciales diciendo que, según datos del INDEC, la pobreza cayó --en términos interanuales-- un 9,9 por ciento.